La baraja rota
Javier Marías <http://elpais.com/autor/javier_marias/a/> 12 ENE 2014 -
00:00 CET <http://elpais.com/tag/fecha/20140112>
Yo ya no sé si, entre el grueso de la población, muchos se acuerdan de
cómo nos regimos, ni de por qué. Cuando se decide convivir en comunidad
y en paz, se produce, tácitamente o no, lo que suele conocerse como
"contrato o pacto social". No es cuestión de remontarse aquí a Hobbes ni
a Locke ni a Rousseau, menos aún a los sofistas griegos. Se trata de ver
y recordar a qué hemos renunciado voluntariamente cada uno, y a cambio
de qué. Los ciudadanos deponen parte de su libertad de acción
individual; abjuran de la ley del más fuerte, que nos llevaría a
miniguerras constantes y particulares, o incluso colectivas; se
abstienen de la acumulación indiscriminada de bienes basada en el mero
poder de adquirirlos y en el abuso de éste; evitan el monopolio y el
oligopolio; se dotan de leyes que ponen límites a las ansias de riqueza
de unos pocos que empobrecen al conjunto y ahondan las desigualdades. Se
comprometen a una serie de deberes, a refrenarse, a no avasallar, a
respetar a las minorías y a los más desafortunados. Se desprenden de
buena parte de sus ganancias legítimas y la entregan, en forma de
impuestos, al Estado, representado transitoriamente por cada Gobierno
elegido (hablamos, claro está, de regímenes democráticos). Por supuesto,
dejan de lado su afán de venganza y depositan en los jueces la tarea de
impartir justicia, de castigar los crímenes y delitos del tipo que sean:
los asesinatos y las violaciones, pero también las estafas, el
latrocinio, la malversación del dinero público e incluso el despilfarro
injustificado.
A cambio de todo esto, a cambio de organizarse delegando en el Estado
--es decir, en el Gobierno de turno--, éste se compromete a otorgar a
los ciudadanos una serie de libertades y derechos, protección y
justicia. Más concretamente, en nuestros tiempos y sociedades, educación
y sanidad públicas, Ejército y policía públicos, jueces imparciales e
independientes del poder político, libertad de opinión, de expresión y
de prensa, libertad religiosa (también para ser ateo). Nuestro Estado
acuerda no ser totalitario ni despótico, no intervenir en todos los
órdenes y aspectos ni regularlos todos, no inmiscuirse en la vida
privada de las personas ni en sus decisiones; pero también --es un
equilibrio delicado-- poner barreras a la capacidad de dominación de los
más ricos y fuertes, impedir que el poder efectivo se concentre en unas
pocas manos, o que quien posee un imperio mediático sea también Primer
Ministro, como ha sucedido durante años con Berlusconi en Italia. Son
sólo unos pocos ejemplos.
Lo cierto es que nuestro actual Gobierno del PP y de Rajoy, en sólo dos
años, ha hecho trizas el contrato social. Si se privatizan la sanidad y
la educación (con escaso disimulo), y resulta que el dinero destinado
por la población a eso no va a parar a eso, sino que ésta debe pagar dos
o tres veces sus tratamientos y medicinas, así como abonar unas tasas
universitarias prohibitivas; si se tiende a privatizar el Ejército y la
policía, y nos van a poder detener vigilantes de empresas privadas que
no obedecerán al Gobierno, sino a sus jefes; si el Estado obliga a dar a
luz a una criatura con malformaciones tan graves que la condenarán a una
existencia de sufrimiento y de costosísima asistencia médica permanente,
pero al mismo tiempo se desentiende de esa criatura en cuanto haya
nacido (la "ayuda a los dependientes" se acabó con la llegada de Rajoy y
Montoro); es decir, va a "proteger" al feto pero no al niño ni al adulto
en que aquél se convertirá con el tiempo; si las carreteras están
abandonadas; si se suben los impuestos sin cesar, directos e indirectos,
y los salarios se congelan o bajan; si los bancos rescatados con el
dinero de todos niegan los créditos a las pequeñas y medianas empresas;
si además la Fiscalía Anticorrupción debería cambiar de una vez su
nombre y llamarse Procorrupción, y los fiscales y jueces obedecen cada
día más a los gobernantes, y no hay casi corrupto ni ladrón político
castigado; si se nos coarta el derecho a la protesta y la crítica y se
nos multa demencialmente por ejercerlo ...
Llega un momento en el que *no queda razón alguna para que los
ciudadanos sigamos cumpliendo nuestra parte del pacto o contrato.* Si el
Estado es "adelgazado" --esto es, privatizado--, ¿por qué he de pagarle
un sueldo al Presidente del Gobierno, y de ahí para abajo?
¿Por qué he de obedecer a unos vigilantes privados con los que yo no he
firmado acuerdo?
¿Por qué unos soldados mercenarios habrían de acatar órdenes del Rey,
máximo jefe del Ejército?
¿Por qué he de pagar impuestos a quien ha incumplido su parte del trato
y no me proporciona, a cambio de ellos, ni sanidad ni educación ni
investigación ni cultura ni seguridad directa ni carreteras en buen
estado ni justicia justa, que son el motivo por el que se los he entregado?
¿Por qué este Gobierno delega o vende sus competencias al sector privado
y a la vez me pone mil trabas para crear una empresa? ¿Por qué me
prohíbe cada vez más cosas, si es "liberal", según proclama?
¿Por qué me aumenta los impuestos a voluntad, si desiste de sus
obligaciones?
¿Por qué cercena mis derechos e incrementa mis deberes, si tiene como
política hacer continua dejación de sus funciones?
¿Por qué pretende ser "Estado" si lo que quiere es cargárselo?
Hemos llegado a un punto en el que la "desobediencia civil" (otro viejo
concepto que demasiados ignoran, quizá habrá que hablar de él otro día)
está justificada. *Si este Gobierno ha roto el contrato social, y la
baraja, los ciudadanos no tenemos por qué respetarlo, ni que intentar
seguir jugando.*
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