La lucha por la tierra en Jábaga (Cuenca)

La Caixa es un banco. Yo, Dani, un campesino. La Caixa ha obtenido 638,5 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre de 2013, quintuplicando sus ganancias con respecto al mismo periodo del año anterior y Servihabitat, su empresa de servicios inmobiliarios, posee miles y miles de viviendas vacías. Yo, tras dos carreras universitarias, un máster, trabajar nueve años y quedar en paro, decidí irme a vivir a una granja abandonada en Jábaga y producir alimentos.
La Caixa no quiere que yo viva y trabaje en la granja, a través de un procedimiento de ejecución hipotecaria ha solicitado el lanzamiento de la finca y, por tanto, mi desalojo. No me molesta tanto por llevar un año y medio trabajando, intentando sacar un proyecto de autoempleo adelante en este difícil entorno socio-económico, ni por haber invertido recursos económicos (mi prestación por desempleo), sino porque pienso que no es justo.
No es justo que La Caixa, que ya ha recibido gran parte de la deuda que se le debía por la hipoteca, con intereses, además se quede con la granja. Es su sucio negocio, que tan bien le va, permitido por el estado español a través de su Ley Hipotecaria, no sólo cuestionada su moralidad desde ámbitos políticos y sociales sino también desde el ámbito jurídico, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó sentencia en marzo de este año en la que instaba al estado español a cambiar esta Ley por la indefensión contra las cláusulas abusivas de los bancos y ser contraria al derecho comunitario.
El estado no quiere o no puede establecer las condiciones para el cumplimiento efectivo del derecho a vivienda y al trabajo (ambos derechos constitucionales), ese ficticio contrato social entre estado e individuo que nunca firmé por el que debo respetar las reglas del juego a cambio de “protección” queda obsoleto: el estado no cumple.
Necesito una casa, comida y trabajo, ¿La Caixa necesita la granja? Se puede cuestionar la razón jurídica pero no la razón moral si pretendemos un estado de cosas más igualitario.
Poco tiene que ver esta situación con la de personas y familias que han venido pagando la hipoteca de su casa hasta que su situación económica lo ha permitido, y ahora ven cómo el banco se queda su dinero, su casa y todavía les sigue reclamando el dinero que no pagaron para poder seguir comiendo.
Necesidades tan básicas como la vivienda, la alimentación y el trabajo no pueden quedar relegadas por intereses económicos de grandes empresas que año tras año presentan suculentos réditos, por mucho que lo diga una Ley. Y si lo dice, no en estos términos pero sí implícitamente, hay que desobedecerla.
El día 14 de octubre recibo resolución del Juzgado nº4 de Cuenca por la que se acepta la solicitud de La Caixa para hacer efectiva su posesión de la granja. Resulta que el día 1 de octubre se celebró, sin mi conocimiento, una vista judicial cuyo fin era acreditar mi posible derecho de ocupación, para ello, siguiendo el art. 675 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), se me debía citar a dicha vista para que presentara tal derecho, si lo hubiere, pero no fui citado. El artículo 161 LEC deja claro que para la citación “la entrega se documentará por medio de diligencia que será firmada por el funcionario y por la persona a quien se haga”, no existe tal diligencia. El art. 675.3 LEC dice “El Tribunal, por medio de auto, sin ulterior recurso, resolverá sobre el lanzamiento, que decretará en todo caso si el ocupante u ocupantes citados no comparecieren sin justa causa“.

No importa mucho que se vulnere el derecho a la tutela judicial efectiva, establecido en el art. 24.1 de la Constitución española. En este sentido, el Tribunal Constitucional asentó una doctrina bien clara para estos casos en su Sentencia 158/1997: “para la vulneración del art. 24.1 (…) habría de quedar en una situación de material indefensión que no se produce si, al tener conocimiento de la ejecución mediante los obligados requerimientos, tiene la posibilidad de aducir la existencia de un derecho”. No habiendo tenido conocimiento mediante los “obligados requerimientos” y sin “posibilidad de aducir” un derecho, siento vulnerado mi derecho a la tutela judicial efectiva.
El día 2 de octubre, más diez días antes de serme notificada dicha resolución, recibo la visita de dos hombres de la empresa Ayteco Gestió, que oficialmente se dedica a la “negociación amistosa de impagos y deudas”: los cobradores del frac de La Caixa.
Quizá La Caixa se esté planteando abrir una sucursal en la granja, pero yo creo que es pura avaricia. La infinidad de desalojos que se vienen dando por ejecuciones hipotecarias han acabado en casas vacías y familias sin casa, porque no quieren las casas, quieren lo que valen. Dinero. Con él tratarán de convencernos de que su Alma es bondadosa… mientras sus tentáculos nos estrangulan.
Jábaga, a 2 de noviembre de 2013
Daniel González Fuentes
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